La Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) ha presentado este mediodía el “Estudio sobre la Economía sumergida en la provincia de Cádiz”, realizado en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz, en el marco del Acuerdo Marco DIPUACTIVA 2020-2022.
Han intervenido en la presentación José Andrés Santos, vicepresidente 1º de la CEC; José María Román, vicepresidente 1º de la Diputación Provincial de Cádiz (Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social) y Vicente Ríos, profesor del Departamento de Economía, Gestión y Métodos cuantitativos de la Universidad de Milán.
Este estudio se basa en exhaustivo análisis de la evolución de la economía irregular en nuestra provincia, su cuantificación, así como los condicionantes económicos y sociales que propician su existencias y que revelan notables perjuicios a trabajadores, a empresas y a la propia sociedad, a tenor de la merma de ingresos fiscales y la existencia de una competencia desleal.
“A los trabajadores de este sistema irregular se les merman sus derechos laborales, y las empresas se ven sometidas a una injusta competencia por parte de aquellos que buscan aumentar su competitividad por la vía de ahorrar costes a través del incumplimiento de la normativa, la evasión de impuestos y del pago de cotizaciones a la seguridad social”, ha destacado José Andrés Santos.
“Este es un comportamiento social que afecta a todos los territorios de España, y que lastra nuestro desarrollo económico. No olvidemos tampoco que la economía sumergida engloba actividades productivas ilegales (tráfico de drogas, blanqueo de capitales, etcétera), pero también la economía irregular. Esto es, operaciones que permanecen ocultas a la administración, que tratan de evitar su fiscalización, eluden el pago a la Seguridad Social e incumplen las normas laborales o administrativas”, ha añadido.
“Todos hemos oído muchas veces la expresión coloquial “cobrar en negro”. Desafortunadamente, muchas personas se ven forzadas a trabajar en estas condiciones cuando la necesidad aprieta, un escenario de precariedad laboral que las organizaciones empresariales, como la CEC y todas nuestras asociaciones integradas, rechazamos porque supone insolidaridad y una competencia injusta por parte de quienes la practican, que no merecen ser llamados empresarios”, ha asegurado el vicepresidente 1º de la CEC.
