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Graduados Sociales reclaman la compatibilidad de la jubilación contributiva con el trabajo de los autónomos

La junta de gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha reclamado hoy que se pongan en marcha los mecanismos para la puesta en marcha de las reformas contempladas en la Ley de Autónomos, tras su puesta en vigor a finales de octubre. En concreto, el órgano de gobierno de estos operadores jurídicos lamenta que no se estén tramitando las peticiones bajo el nuevo sistema de Jubilación contributiva, que prevé hacer compatible la pensión y el trabajo por cuenta propia, alcanzando al 100% de la cuantía de la pensión, así como el pase de la jubilación contributiva  activa a la definitiva,  siempre que el autónomo acredite tener contratado, al menos, a un trabajador o mantenga el empleo.

Esta medida, limitada para los autónomos con más de 65 años y un mínimo de 35 de cotización, está generando numerosas consultas en los despachos de estos profesionales. Según los datos que maneja el Colegio, el Instituto  Nacional de la Seguridad Social acumula ya  más de un centenar de solicitudes para acogerse a esta medida de protección del empleo.

El presidente de esta corporación, José Blas Fernández Sánchez, asegura que el Ministerio de Empleo  y Seguridad Social  no ha articulado aún los procedimientos para la puesta en marcha de la jubilación que compatibiliza  el 100% de la misma con el trabajo y que afecta especialmente a pequeños empresarios de sectores como el comercio, profesionales liberales y administradores de sociedades. “Transcurridos dos meses desde su entrada en vigor, aún estamos a la espera de que se defina cómo se van a gestionar las solicitudes que están llegando a nuestros despachos, lo que genera preocupación entre los afectados, pues hay mucha casuística en este régimen especial”, señala.

José Blas Fernández recuerda que las medidas contempladas en la Ley tienen, entre sus objetivos, el mantenimiento del empleo. “La falta de mecanismos para accionar las bonificaciones de la jubilación activa pueden tener un efecto negativo: que los autónomos en edad de jubilarse lo hagan de manera efectiva, sin garantizarse la continuidad de sus empresas ni los empleos que generan éstas”, indica.

Este tema es especialmente importante, destaca el presidente del Colegio, “en una provincia donde, de las 60.448 empresas existentes, 37.448 son personas físicas, autónomos, con uno o más de un empleado”.

El acceso a la mejora del 100% debe solicitarse por el trabajador autónomo a través de la cumplimentación de un modelo oficial que el INSS ha establecido –“Solicitud de incremento jubilación activa por trabajos por cuenta propia”-, si bien el mecanismo de tramitación posterior no está aún en funcionamiento dos meses después de la entrada en vigor de la Ley.

El presidente del Colegio, José Blas Fernández, ha reiterado que uno de los principales colectivos que se ven afectados por esta nueva Ley “son precisamente los profesionales liberales que ejercemos nuestro trabajo bajo la figura de autónomos y empleadores”.

“El próximo 1 de enero se debe aplicar otro paquete de medidas que benefician a los trabajadores por cuenta propia, pero aún no se han podido articular las que supuestamente ya deberían estar vigor”, sostiene el presidente del Colegio de Graduados Sociales.

 

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