El juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Jerez de la Frontera ha emitido la segunda resolución judicial en relación al conflicto entre el Ayuntamiento de Torrecera y la multinacional Aqualia por la titularidad de la gestión del servicio de abastecimiento de agua en la ELA. Pero en esta ocasión lo ha hecho en relación al juicio por la causa principal del asunto, el acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de la pedanía para prestar de manera directa el servicio.
Así, el Magistrado-Juez ha vuelto a denegar, aunque en esta ocasión en un procedimiento diferente, otra medida cautelar solicitada por Aqualia, en este caso para que se suspendiese de manera inmediata la ejecutividad, y por tanto los efectos que esta produce, del acuerdo por el que el Ayuntamiento de Torrecera aprobó la municipalización del servicio de agua en baja y alcantarillado.
Según el Alcalde de la pedanía, Manuel Bertolet, esta resolución judicial es muy importante, y no sólo porque haya sido dictaminada en el seno del principal litigio contencioso que tiene abierto con la multinacional, sino porque “la Justicia pone coto al intento de usurpación por parte de Aqualia y del Ayuntamiento de Jerez de las competencias propias del Ayuntamiento de Torrecera”. “Y si no, ha continuado Bertolet, ¿cómo se explica que Aqualia haya solicitado una medida cautelar un año después de que se iniciara el procedimiento?”. “Y lo que es más sospechoso aún, que lo haya hecho apoyándose en un Acuerdo de Junta de Gobierno, adoptado poco tiempo antes por el Ayuntamiento de Jerez, impugnando los acuerdos adoptados por la Junta Vecinal de Torrecera. Un auténtico traje a medida hecho por el Ayuntamiento de Jerez a la multinacional para que ésta siga teniendo donde agarrarse para coaccionar a los vecinos y seguir esquilmando sus bolsillos”.
Por otro lado, el Alcalde también ha querido denunciar la pasividad del Ayuntamiento de Jerez a la hora de resolver su propio expediente particular sobre la gestión del agua en Torrecera, un procedimiento administrativo que se inició a final de verano de 2016 y que todavía no ha concluido. Y que mientras continúe abierto, ha indicado Bertolet, seguirá alimentando las pretensiones de Aqualia de cobrar a los vecinos de Torrecera por un servicio que no ha prestado, tal y como viene ocurriendo con los procedimientos monitorios interpuestos por la concesionaria.
En este sentido, Bertolet ha querido anunciar que, junto a la dirección de Izquierda Unida Jerez y asesorado por un equipo de abogados, ya está trabajando para hacer frente al acoso judicial al que se están viendo sometidos los vecinos por parte de Aqualia, no descartando incluso demandar al Ayuntamiento de Jerez, ya no sólo por mirar a otro lado y permitir que la concesionaria esté haciendo uso de la vía ejecutiva para cobrar sus facturas a los vecinos, potestad que sólo corresponde al Ayuntamiento, sino por permitir que la multinacional cobre mediante demandas civiles por la prestación de un servicio que, de facto, no ha prestado.
Según el Alcalde, sea de manera consciente o no, la permisividad que está mostrando el Ayuntamiento de Jerez en todo este asunto, y otras vulneraciones que se están cometiendo con relación a la concesión de abastecimiento aguas alcantarillado y depuración en la propia ciudad, podrían incluso ser constitutiva de supuestos delitos contemplados en el Código Penal, tal y como ya advirtió por escrito el propio Bertolet a la Alcaldesa.
