Izquierda Unida Jerez anuncia que no va a dar su brazo a torcer ante la pinza ejecutada por PSOE y PP durante la celebración del pasado Pleno para entregar en bandeja a Aqualia la gestión del servicio de agua y alcantarillado de la ELA de Torrecera. Un acto que, a juicio de la formación de izquierdas, no sólo podría vulnerar los principios de transparencia y libre concurrencia recogidos en la Ley de Contratación del Sector Público, sino que, además, genera dudas sobre quien manda realmente en la ciudad.
Y es que el hecho de que el servicio de agua en Torrecera tenga que ser gestionado sí o sí por Aqualia, tal y como se puede intuir a tenor de los acontecimientos sucedidos en los últimos años, no solo ha llevado al alcalde pedáneo y a los concejales socialistas del gobierno de Jerez a adoptar acuerdos que, presuntamente, podrían ser constitutivos de varios delitos, sino que también ha logrado que Saldaña y el PP cambien de parecer de un mes para otro sin motivo aparente, subiéndose precipitadamente a esa delgada línea roja que separa la legalidad de la ilegalidad. Con su voto, los populares han amparado una suerte de encomienda de gestión con apariencia de legalidad, pero cuyo resultado no es otro que el de dar a dedo el servicio a la multinacional, negando la posibilidad a otras empresas, incluso locales, a poder participar en una licitación pública en igualdad de condiciones.
En este sentido, la dirección local de IU ha comunicado que, con independencia de la denuncia que ya presentaron en la Fiscalía de Área de Jerez respecto al Acuerdo de Junta de Gobierno Local que entregaba provisionalmente el servicio de agua de la ELA a Aqualia sin ningún tipo de procedimiento, ante este nuevo paso dado por PSOE y PP en favor de los intereses de la multinacional, la formación de izquierdas va a proceder a presentar un recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo previamente adoptado por la Junta Vecinal del Ayuntamiento de Torrecera solicitando al de Jerez la encomienda de gestión del servicio.
Según la formación de izquierdas, el expediente que se elevó a la Junta Vecinal de la ELA para la aprobación de la encomienda no incluía los informes preceptivos de la Secretaria-Interventora, por lo que entienden que el acuerdo adoptado podría ser nulo de pleno derecho, y, por ende, el adoptado posteriormente en el Ayuntamiento de Jerez aceptando dicha encomienda. Y puesto que los acuerdos anteriormente adoptados en relación al mismo asunto tampoco los incluían, esta reincidencia en vulnerar los procedimientos legales podría, presuntamente, incluso ser considerada causa de prevaricación, por lo que tampoco descartan interponer otra demanda por la vía penal.
Por su parte, el Secretario Local del PCA y Responsable de Acción Política Provincial de IU, Domingo Pedro García, ha manifestado que, más allá del circo político que suelen montar en el Pleno, la traición que se llevó ayer a cabo contra el pueblo de Torrecera en el consistorio jerezano por parte de PSOE y PP demuestra una vez más que, a la hora de aplicar las políticas neoliberales de privatización de los servicios públicos, ambos partidos se entienden perfectamente, como ya ocurrió con la modificación del artículo 135 de la Constitución para priorizar el pago de la deuda o como viene sucediendo con el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza y los conciertos concedidos a Pascual por la Junta de Andalucía, tanto ahora que gobierna el PP como cuando lo hacía Susana Díaz.
Lo que está ocurriendo en Torrecera, ha manifestado Pedro García, es un ejemplo muy cercano e ilustrativo de cómo funcionan estas políticas neoliberales que tan bien ejecutan PSOE y PP, y que tantas veces hemos visto: adelgazar paulatinamente los servicios públicos para hacerlos ineficientes y deficitarios, justificando así su privatización. Y también es un ejemplo de cómo los tentáculos de las grandes multinacionales llegan hasta a los pueblos más pequeños, aprovechándose de las miserias y ambiciones de muchos políticos para hacer negocio a costa de los bolsillos de los vecinos.
Para el Secretario local del PCA, “Arcila no es sino un mero títere en toda esta trama, que si bien ha cumplido a la perfección el rol asignado, no ha sido muy sutil a la hora de ejecutar el procedimiento. Desde que accedió a la alcaldía, no ha movido ni un dedo para mantener el funcionamiento del servicio, no ha emitido ni una sola factura, en definitiva, lo ha dejado morir… y aparece al año y medio de mandato declarando prácticamente un estado de emergencia sanitaria en la población como consecuencia de la inviabilidad económica del servicio. Algo que, si bien a simple vista puede resultar hasta cómico, nada más lejos de la realidad, ya que, si esa dejadez de funciones también ha afectado a lo que a los análisis de control de salubridad del agua se refiere, no solo habría traicionado a su pueblo, sino que podría incluso haber estado poniendo en riesgo la salud de sus vecinos”.
