El rector de la Universidad de Cádiz, Eduardo González Mazo, y la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, han firmado hoy en el Rectorado un protocolo general de colaboración y un convenio específico para el impulso de estudios universitarios en jóvenes que hayan sido tutelados por la administración autonómica andaluza.
La Universidad de Cádiz facilitará cada curso académico hasta cuatro plazas residenciales en alojamientos universitarios. La puesta a disposición de dichas plazas conllevará por la UCA el abono del 100% del importe de su coste correspondiente. La organización, coordinación, seguimiento y evaluación de las propuestas de las personas candidatas y proceso de asignación, se realizará conjuntamente entre la Universidad de Cádiz y el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Cádiz.
Las autoridades han confirmado las buenas relaciones que mantienen la UCA y esta Consejería de la Junta de Andalucía desde hace años, por lo que la firma de este protocolo general de colaboración “renueva el compromiso entre ambas instituciones y fija nuevas metas” como la actividad que se desarrollará teniendo como base el convenio específico también suscrito esta mañana para “posibilitar anualmente la realización de estudios universitarios por jóvenes que hayan tenido una medida administrativa de protección y que se hubiesen incorporado al Programa de Mayoría de Edad impulsado desde la Junta”, en palabras del rector.
La consejera ha recalcado su agradecimiento a la Universidad de Cádiz por continuar esta alianza, teniendo como referente “la sensibilidad especial” que tiene esta universidad con estas políticas como acreditan las actividades conjuntas que llevan organizando sobre “igualdad, personas mayores, discapacidad; cooperación al desarrollo, voluntariado y el espacio dedicado a la juventud, entre otros”. Además, a través de este protocolo, la consejera ha explicado que quieren ahondar en la cooperación en materia de investigación e innovación para mejorar los servicios sociales, “un espacio en el que se ha trabajado poco y hay mucho campo por hacer”. Y también, en la formación de posgrado en drogodependencia y adicciones desde la perspectiva de género, en situaciones de “invisibilidad y silencio, hay mujeres que tienen dificultades y necesitan la implicación de todos”. Una colaboración institucional que se reforzará, de la misma manera, en los proyectos de Cooperación al Desarrollo, donde “Cádiz es la puerta a Latinoamérica, con los pueblos hermanos”; un espacio universitario activo que se desarrolla ya con proyectos concretos en países como Marruecos, Guatemala o Bolivia.
En este sentido, el rector ha anunciado que le ha trasladado a la consejera una propuesta de liderar por parte del Gobierno Andaluz una red de políticas de género, sobre igualdad y violencia de género en Iberoamérica, donde puedan implicarse con el modelo de Andalucía, ya que por la experiencia que desde la UCA se está llevando a cabo han detectado problemas “gravísimos”.
El acto ha contado con la presencia del delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, Manuel Herrera, el diputado provincial de Función Pública, Francisco González, el director del Instituto Andaluz de Juventud, Francisco Tomás Pizarro, y las coordinadora provinciales de Instituto Andaluz de la Mujer en Cádiz, Josefa Moreno, de Juventud en Cádiz, Milagrosa Gordillo, y de Voluntariado en Cádiz, Ainhoa Gil. Por parte de la UCA, han asistido también la vicerrectora de Alumnado, Concha Valero, la secretaria General, Francisca Fuentes, y las directoras General de Relaciones Institucionales, Mariam Blandino, y de la unidad de Igualdad entre Mujeres y Hombres, María Luisa de la Flor.
Universidad incluyente y sensible
González Mazo ha afirmado el compromiso de la Universidad de Cádiz como institución pública en el desarrollo no sólo económico de la provincia sino también social y cultural, tenemos que “garantizarlo en nuestro alumnado, la formación en valores es tan importante como la académica”. De este modo, ha indicado que la UCA tiene como objetivo ser “incluyente, generar una certidumbre, que permita a su comunidad estudiar sin problemas sociales”. La Universidad tiene que ser “sensible con la ciudadanía, recibir sus problemas del día a día” y facilitarles apoyo e intentar darles una solución.
Para ello, el convenio suscrito – ha continuado – para brindar una oportunidad de formación universitaria a estos jóvenes que han sufrido “circunstancias especiales” personales que dificultan su integración en el espacio socio-laboral es “nuestra intención que se convierta en una política genérica en el entorno de las universidades andaluzas de la mano de la Junta”.
Estos estudiantes tendrán el alojamiento, gastos de matrícula y medios económicos cubiertos durante un máximo de cinco cursos, que le permitan desarrollar con normalidad su vida académica. A cambio, se les pedirá un rendimiento académico adecuado.
